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Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas

Los Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas Forzadas (MUITF) constituyen una violación de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Su prevalencia en ALC está ligada a altas tasas de embarazo en adolescentes, que perpetúan ciclos de pobreza y limitan las oportunidades de educación y empoderamiento económico de las adolescentes. (UNFPA y UNICEF, 2025)

El matrimonio infantil se considera una forma de unión forzada, ya que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas. La definición que se aplica incluye tanto aquellos matrimonios correspondientes a vínculos conyugales reconocidos por normas legales, consuetudinarias o religiosas, como las uniones que dan cuenta de una relación de pareja con cohabitación sin reconocimiento legal.

Los MUITF están altamente asociados al embarazo en adolescente, ya sea porque las uniones aceleran los embarazos o, en sentido inverso, un embarazo provoca el establecimiento de una unión. (CEPAL, 2023)

Las menores de edad unidas tienen más probabilidades de tener más embarazos a lo largo de su vida y de que los intervalos entre los nacimientos sean más cortos que sus pares que se casan más tarde, lo que aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones durante el embarazo (Girls Not Brides, 2019).

Los MUITF en ALC a menudo toman la forma de una unión informal (UNICEF, 2017). En ALC, en el año 2022 el 20,8% (1 de cada 5) de las mujeres de entre 20 y 24 años estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 18 años. De los países que reportan información para este indicador a UNICEF, los siguientes lideran la lista con porcentajes superiores al 30%: Surinam (36%), Honduras (34%), Belice (33.5%), Guyana (32.3%) y República Dominicana (31.5%). Ocho países reportan porcentajes menores al 20%: Bolivia (19.7%), El Salvador (19.7%), Perú (19.2%), México (18.2%), Costa Rica (17.1%), Argentina (15.5%), Haití (14.9%) y Trinidad y Tobago (4.2%). En algunos países no existen cifras consolidadas y no hay una metodología unificada para medir esta problemática. (Naciones Unidas, 2025)

Con relación a estas uniones existe una mayor prevalencia de MUITF en aquellos hogares cuyos ingresos pertenecen al quintil más bajo. Según el Observatorio de Igualdad de Género, la información obtenida de los censos de la ronda del 2020 en cuatro países (Perú, 2017, Guatemala, 2018, Colombia, 2018 y México, 2020) muestra que existe una mayor proporción de niñas y adolescentes casadas o unidas entre la población que se identifica como perteneciente a un pueblo indígena. El mismo informe describe que la situación conyugal de las niñas y adolescentes está vinculada a la deserción o expulsión escolares, como lo muestran las encuestas de hogares de seis países (Bolivia, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Perú). La mayor parte de las adolescentes menores de 18 años alguna vez unidas no asiste a un establecimiento escolar, con un porcentaje particularmente alto en México (87,8%) y Bolivia (74,2%), y cercano al 50% en Ecuador. Por el contrario, en estos mismos seis países, más del 80% de las niñas y adolescentes no unidas asisten a algún establecimiento escolar. (CEPAL, UNFPA, 2023)

Si bien las niñas y las adolescentes dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los niños y los adolescentes, independientemente de su estado civil, la sobrecarga de trabajo no remunerado impacta especialmente a las niñas unidas o casadas. De acuerdo con las mediciones de uso del tiempo de la Argentina, Chile, Colombia, México y el Uruguay, entre el 50% y el 80% de las mujeres en uniones tempranas se dedican al trabajo no remunerado y los hombres unidos se dedicaban principalmente al trabajo remunerado (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2025)

Por su parte, la presencia en el hogar de niños y niñas de 5 años y menos aumenta la dedicación de las adolescentes al trabajo no remunerado, sobre todo en ausencia de servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2024).

La diferencia de edad es una de las principales variables a considerar para analizar el desbalance de poder que afecta a las niñas y adolescentes unidas o casadas con relación a sus parejas. En este sentido, las cifras muestran que existe una importante diversidad de situaciones entre los países con datos disponibles: en algunos de ellos más del 50% de las niñas y adolescentes casadas o unidas tienen parejas más jóvenes o hasta 4 años mayores que ellas (Surinam, Argentina, México y Belice), de manera que las uniones se producen principalmente entre adolescentes. No obstante, en otros países esta proporción se invierte; ese es el caso de Cuba, Costa Rica y República Dominicana, donde la mayor parte de las niñas y adolescentes están unidas o casadas con hombres mayores que ellas por 5 años o más. (CEPAL, 2023)

Los ODS incluyen un objetivo sobre igualdad de género, la meta 5.3. es poner fin a la práctica nociva del matrimonio infantil para el año 2030. Otras metas afectadas por las consecuencias del MUITF son: la meta 16.2 (poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra las niñas), la meta 8.7 (poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas), la meta 1.2 (reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones), la meta 4.1 (asegurar que todas las niñas terminen la enseñanza primaria y secundaria) y la meta 10.3 (garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias).

La eliminación de los MUITF es una prioridad para UNFPA, que promueve un enfoque multifacético basado en:

  • Marcos Legales y Normativos: Impulsar leyes y regulaciones que se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención Para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención para los Derechos del Niño (CDN) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).
  • Políticas Públicas Integrales: Desarrollar políticas intersectoriales con institucionalidad, coordinación, gobernanza, voluntad política, recursos adecuados y sistemas de monitoreo y rendición de cuentas para abordar los MUITF.
  • Servicios de Atención Integral y Multisectorial: Ofrecer servicios de salud, educación, policiales y de justicia, así como sistemas de protección. Estos deben ser accesibles, adaptables, confiables, de calidad y adecuados a las necesidades de las niñas en riesgo, unidas, casadas o separadas, garantizando su seguridad, protección, reparación de derechos y continuidad de sus planes de vida.
  • Movilización Comunitaria: Involucrar a las comunidades para que las niñas y adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, accedan a espacios seguros y participen en la toma de decisiones. Se busca promover la protección de niñas embarazadas o madres, evitando la discriminación social y cultural, con la participación de líderes locales, comadronas, jóvenes, hombres y autoridades comunitarias.
  • Fortalecimiento Familiar: Fomentar nuevas perspectivas en las familias que promuevan la igualdad y visibilicen los MUITF como una forma de violencia y una práctica perjudicial, transformando las normas sociales y de género.
  • Empoderamiento de las Niñas: Construir activos que fomenten la autonomía de las niñas, faciliten la toma de decisiones informadas sobre su vida, cuerpo y relaciones, y promuevan sus planes presentes y futuros. Esto incluye acción colectiva, formación en género y derechos humanos, desarrollo de habilidades para la vida y creación de espacios seguros (UNFPA, 2024).

En línea con estas estrategias, la OMS recomienda, con alta certeza, intervenciones para eliminar las barreras de género a la educación y asegurar que las niñas completen 12 años de educación de calidad. La evidencia demuestra que un mayor nivel educativo protege contra el inicio temprano de la vida en pareja y la maternidad. Las políticas que mejoran el acceso a la educación secundaria y eliminan barreras económicas y de género tienen un impacto positivo en la prevención del matrimonio infantil y en el desarrollo a largo plazo (WHO Guideline, 2025).

Además, la OMS sugiere intervenciones para el empoderamiento económico de las niñas, mejorando su alfabetización financiera, acceso al ahorro, habilidades laborales y perspectivas de empleo, lo que amplía sus alternativas al matrimonio antes de los 18 años. También recomienda incentivos condicionales (vinculados a la asistencia escolar y/o a permanecer solteras) como estrategia para aumentar los logros educativos y reducir el matrimonio infantil. Las transferencias monetarias condicionadas (TMC) son efectivas para incrementar la matrícula y permanencia escolar, retrasando indirectamente el matrimonio, aunque su éxito depende de un diseño y contexto cuidadosos. Los incentivos condicionados son más efectivos que los incondicionales.

Como buena práctica, la OMS destaca la Participación Significativa de Adolescentes. Es crucial que los adolescentes, incluidos aquellos que han estado casados o en uniones, participen activamente en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las iniciativas destinadas a abordar sus necesidades y derechos. Este principio, basado en los derechos humanos, asegura que las intervenciones sean relevantes, efectivas y sostenibles, implicando compartir el poder e integrar las perspectivas y habilidades de los adolescentes en todas las fases del ciclo programático.

Estrategia nacional de Salud
Acelerador

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

Tipo de Acción

(1) Plan Nacional Integral

País

(8) Chile

Tipo de sector

(1) Sector Público

Institución responsable

Ministerio de Salud

Otras instituciones

Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Familia: a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Defensoría de la Niñez, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

Periodo

2011 - 2020

Descripción

En Chile, la implementación de políticas para la reducción del embarazo adolescente se llevó a cabo a través de un enfoque multifacético y sostenido en el tiempo, superando incluso cambios de gobierno.

Uno de los pilares de esta estrategia fue la emisión de nuevas circulares gubernamentales. Estas circulares se enfocaron en aspectos cruciales como los requisitos de consentimiento de los padres, buscando un equilibrio con la autonomía de los adolescentes, y la protección de los jóvenes contra el abuso sexual. Paralelamente, se trabajó en la consolidación de varias leyes en un marco único, lo que permitió definir y asignar roles y responsabilidades claras a las diversas partes interesadas involucradas en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Para asegurar la efectividad de estas medidas, se realizó un fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores de primera línea, quienes son clave en la implementación de los programas de salud. La estrategia se desplegó de manera gradual, priorizando las regiones con mayor necesidad para maximizar su impacto.

En el ámbito de la gestión de la información, se implementó la creación de un registro estadístico mensual. Este registro es fundamental para recopilar datos detallados sobre los adolescentes, desglosados por edad, sexo y factores de riesgo, lo que permite un monitoreo preciso del progreso y la identificación de áreas de mejora. Además, se aprovecharon los planes regionales y nacionales y los marcos legislativos existentes para otorgar legitimidad y un respaldo sólido al programa.

La difusión de datos sobre el progreso alcanzado a la prensa fue una estrategia consciente para comunicar los resultados positivos y generar apoyo público. Asimismo, se llevó a cabo una intensa labor de promoción con asociaciones científicas, ONG, defensores de los derechos de la mujer y jóvenes para superar la resistencia y las objeciones a la provisión de anticonceptivos.

Un aspecto estratégico importante fue la decisión de no proporcionar educación integral sobre sexualidad para evitar el riesgo de generar una oposición que pudiera comprometer la agenda más amplia de acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud. Finalmente, el programa se sostuvo gracias al aseguramiento de la disponibilidad de recursos humanos y financieros. Este compromiso fue notable, ya que se mantuvo a lo largo de tres gobiernos sucesivos, tanto de partidos políticos de izquierda como de derecha, gracias a una Estrategia Nacional de Salud con una proyección de 10 años.

Objetivos
  • Promover un mayor acceso a la anticoncepción: se buscaron eliminar barreras legales e institucionales para facilitar la provisión pública de métodos anticonceptivos, incluyendo métodos de larga duración para grupos con alta fecundidad adolescente.
  • Asegurar la disponibilidad de anticoncepción de emergencia: se reconoció la importancia de la anticoncepción de emergencia como una herramienta para prevenir embarazos no planificados, a pesar de las limitaciones de cobertura.
  • Establecer y expandir "espacios amigables": el objetivo fue crear y masificar estos centros de salud para facilitar el acceso a anticoncepción, ofrecer capacitación y consejería en salud sexual y reproductiva, y mejorar la atención integral para adolescentes.
  • Reducir las uniones en la adolescencia: reconociendo la relación entre unión y maternidad, se apuntó a disminuir la formación de parejas (matrimonio o convivencia) en esta etapa.
  • Impulsar el aumento del nivel educativo: se consideró que la masificación de la educación universitaria y el incremento general del nivel educativo contribuirían a una menor probabilidad de maternidad adolescente.
  • Utilizar la despenalización del aborto bajo tres causales: a pesar de las restricciones legales y las bajas cifras oficiales, se vio como un factor potencial para reducir el embarazo adolescente, similar a la experiencia de otros países.
  • Fortalecer el empoderamiento femenino: se observó que un mayor control de las adolescentes sobre su cuerpo y decisiones, impulsado por el empoderamiento femenino, contribuiría a la prevención del embarazo.
  • Integrar voluntad política y acción pública: el objetivo general fue combinar la voluntad política con acciones públicas concretas para aumentar el acceso a la salud sexual y reproductiva, y así reducir el embarazo adolescente.
Resultados

La Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) en Chile experimentó una disminución significativa en el periodo de 2010 a 2018. Según las estadísticas vitales, la fecundidad adolescente pasó de 56 por mil en 2008 a 23 por mil en 2018, lo que representa una caída de casi el 60% en solo 10 años.

En cuanto a la disminución de la fecundidad en niñas menores de 15 años (TEFA temprana) la tasa para este grupo bajó de 1.8 por mil en 1997 a 0.8 por mil en 2017.

Consideraciones

La experiencia de Chile demuestra la importancia de la coordinación entre políticas públicas a pesar de que no se haya generado un Plan Específico para la reducción del embarazo en adolescentes. Se logró la disminución de la TEFA a partir de la continuidad en el tiempo de dichas políticas, independientemente de los cambios en el gobierno, tanto por la demostración de lograr los resultados esperados como así también por el conocimiento y apoyo desde la comunidad. En este sentido fue fundamental la comunicación permanente a través de campañas y de publicaciones científicas. La demostración mediante evidencias de la eficacia de las políticas implementadas fue fundamental para su continuidad.

Fuente
  • Rodríguez Vignoli, J. y Roberts, A. (2020). El descenso de la fecundidad adolescente en Chile: antecedentes, magnitud, determinantes y desigualdades. Serie de Estudios N.° 12. Santiago: Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Diciembre 2020.
  • OPS. El embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. Reseña técnica, agosto del 2020. https://iris.paho.org/handle/10665.2/53134
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)
Acelerador

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

Tipo de Acción

(1) Plan Nacional Integral

País

(21) México

Tipo de sector

(1) Sector Público

Institución responsable

Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Otras instituciones

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE),

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Periodo

2015–2023 (Fase I y II)

Descripción

La ejecución de la ENAPEA se articula en cuatro componentes principales:

  • Educación inclusiva, integral y flexible y Educación Integral en Sexualidad (EIS): se ha buscado fortalecer los planes y programas de estudio con contenidos de Educación Integral en Sexualidad (EIS) y habilidades socioemocionales. Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras entidades como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) han desarrollado una variedad de recursos, incluyendo infografías, cuadernillos y videos. Además, se han realizado capacitaciones y talleres para sensibilizar al personal docente sobre la enseñanza de estos temas. Se han utilizado tecnologías de la información y comunicación, como la plataforma de la serie de webinarios "México, un país más feliz" y la serie "Ellas hacen ciencia", para difundir información de manera accesible y atractiva para los jóvenes.
  • Servicios de Salud Amigables: un pilar fundamental ha sido la expansión de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes. Estos centros ofrecen atención integral y confidencial en salud sexual y reproductiva, incluyendo consejería y una amplia gama de métodos anticonceptivos, como los de acción prolongada. Se ha fortalecido la consejería y la oferta de anticonceptivos durante la atención post evento obstétrico para evitar el segundo embarazo durante la adolescencia.
  • Entorno Habilitante: esta área se enfoca en fortalecer las capacidades de los adolescentes y en fomentar su participación para transformar las normas sociales y culturales. Se han implementado campañas de comunicación como "Yo decido" para promover planes de vida y la corresponsabilidad masculina en la prevención del embarazo. Asimismo, se han desarrollado estrategias para prevenir y atender la violencia sexual, un factor de riesgo importante para el embarazo adolescente, con la creación de protocolos de actuación y rutas de atención para víctimas. Se han implementado programas para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, con un enfoque en la erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Se han creado materiales de difusión y se han capacitado a servidores públicos para la detección y atención de estos casos. Se promueven acciones específicas para poblaciones históricamente vulneradas, como las personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ+ y las comunidades indígenas y afrodescendientes. El plan contempla la elaboración de materiales en diferentes lenguas indígenas y la colaboración con organizaciones de estos pueblos para asegurar una perspectiva culturalmente pertinente.
  • Coordinación Interinstitucional: la Estrategia es coordinada a nivel federal por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SG-CONAPO) con la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Su implementación se extiende a nivel estatal y municipal a través de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Para monitorear el progreso, se ha creado el Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA (SIMS-ENAPEA). Este sistema se basa en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) y otros registros oficiales para evaluar los avances de la estrategia a través de la actualización periódica de 49 indicadores.
Objetivos

Reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030, y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos.

Resultados

Servicios de Salud Amigables: la cobertura de estos servicios ha aumentado, pasando de 2,605 en 2018 a 3,351 en junio de 2024, lo que representa un aumento del 28.6%.

Se registraron incrementos en el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, en la prevalencia de métodos modernos y en la participación masculina. En junio de 2024, el método anticonceptivo más aceptado en adolescentes atendidas por la Secretaría de Salud fue el implante subdérmico (48.4%).

Atención Pos Evento Obstétrico (AIPEO): cobertura de protección posparto del 83.3% en 2024. Esto representa un incremento de 5.7 puntos porcentuales en comparación con los dos años previos.

Se han incrementado los servicios de Atención Especializada en Violencia de Género y Sexual, contando con 416 de estos servicios hasta junio de 2024.

La TEFA quinquenal para adolescentes de 15 a 19 años disminuyó de 72.2 a 50.6 nacimientos por cada mil mujeres en este grupo, lo que representa un descenso del 29.9% entre los quinquenios 2013-2017 y 2019-2022. Este descenso se relaciona con las medidas sanitarias tomadas durante la pandemia de COVID-19, como el aislamiento y la suspensión de clases presenciales, que redujeron el contacto físico de los adolescentes.

La TEFA de 10 a 14 años descendió en un 22,9% entre 2015 y 2023, pasando de 2,20 a 1,70.

Consideraciones

La experiencia de México demuestra la importancia de la implementación a nivel federal, estatal y municipal a través de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Además, la implementación se realizó de forma gradual, priorizando las regiones con mayores necesidades para maximizar su impacto. Es de gran importancia el monitoreo permanente con publicación en sitios web de las áreas del Estado de los indicadores que demuestran un seguimiento de las políticas y sus resultados. La centralización de la coordinación de tantas áreas que participan en la Estrategia necesita una decisión política y un liderazgo para poder garantizar los resultados.

Fuente
Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes
Acelerador

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

Tipo de Acción

(1) Plan Nacional Integral

País

(32) Uruguay

Tipo de sector

(1) Sector Público

Institución responsable

Ministerio de Salud Pública (MSP)

Otras instituciones

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Programa Uruguay Crece Contigo (UCC).

Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Universidad de la República a través del Núcleo Interdisciplinario Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (ASDER).

Colaboración de organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas y organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Eurosocial de la Unión Europea.

Periodo

2016 a 2020

Descripción

Las estrategias utilizadas se estructuraron en cuatro componentes principales con objetivos específicos:

  1. Actividades generales dirigidas a todos los y las adolescentes: fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos, para promover las condiciones para que los adolescentes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos y tomen decisiones con autonomía; proyectos de vida diversos, para cuestionar los modelos tradicionales de género y fomentar proyectos de vida alternativos a la maternidad y paternidad tempranas; y educación sexual integral (ESI), para ampliar la cobertura de actividades educativas de educación sexual en los diferentes Consejos de Educación y profundizar la formación de docentes en este tema.
  2. Actividades focalizadas en adolescentes que transitan un embarazo: detección y atención oportuna, para fortalecer la detección y captación oportuna para la atención de la adolescente, ya sea para la interrupción o la continuidad del embarazo, buscando el involucramiento de su entorno social; mapa de ruta y flujograma para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de posible embarazo, con el objetivo de garantizar una atención integral, pertinente y oportuna; y apoyo psicoemocional, para que todas las niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años tuvieran acceso a un espacio de apoyo psicológico individual.
  3. Actividades dirigidas a quienes son madres o padres adolescentes: oportunidades y protección, para garantizar el acceso a oportunidades, el ejercicio de derechos y la protección de las adolescentes embarazadas, madres y padres, para apoyar la prevención de la reiteración de embarazos no intencionales; anticoncepción post-evento obstétrico, para que en todas las maternidades del país se brindara anticoncepción luego del parto, con jornadas de sensibilización e información para los equipos de salud de prestadores públicos y privados; y apoyo a la crianza, con acompañamiento a la crianza para padres y madres adolescentes, y promoción de su permanencia educativa.
  4. Implementación de políticas públicas: coordinación intersectorial y territorial, mediante una mesa coordinadora intersectorial liderada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), con mesas territoriales instaladas en todos los departamentos del país para adaptar y planificar acciones a nivel local.

Campaña comunicacional: se diseñó y ejecutó una campaña comunicacional en dos etapas (2017-2018 y 2019) dirigida a adolescentes y a la población en general, con mensajes sobre derechos, oportunidades y proyectos de vida.

Capacitación de equipos: se realizaron capacitaciones para equipos técnicos y profesionales a nivel nacional y territorial, con el objetivo de fortalecer su capacidad de intervención.

La estrategia reforzó la disponibilidad de una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluidos los implantes subdérmicos.

Cooperación internacional: la estrategia contó con el apoyo técnico y financiero de organismos como el UNFPA, Eurosocial y el BID.

Objetivos

Disminuir la incidencia del embarazo no intencional en adolescentes y sus determinantes, garantizando la promoción y el ejercicio de sus derechos.

Componente 1 (Adolescentes): fortalecer las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la toma de decisiones con autonomía, promoviendo proyectos de vida diversos que cuestionen los modelos tradicionales de género.

Componente 2 (Adolescentes que transitan un embarazo): fortalecer la detección y captación oportuna para la atención de la adolescente en la interrupción o continuidad del embarazo, buscando el involucramiento de su entorno social cercano.

Componente 3 (Adolescentes madres y padres): garantizar el acceso a oportunidades, el ejercicio de derechos y la protección de las adolescentes embarazadas, madres y padres, apoyando la prevención de la reiteración de embarazos no intencionales.

Componente 4 (Implementación de políticas públicas): implementar de forma articulada en el territorio las políticas públicas vinculadas a la Estrategia.

Resultados

Disminución en tasa de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años del 49%, pasando de 52,4 (2016) a 26,8 (2021). El porcentaje de nacimientos de madres adolescentes se mantuvo en alrededor del 16% desde 1996 hasta 2014, para luego disminuir a 11,3% en 2018.

Consideraciones

El abordaje de la experiencia según la situación de cada adolescente demostró impacto en cada caso. Como suele suceder en países de la región los cambios en los gobiernos atentan contra la continuidad de este tipo de estrategias por lo cual es necesario asegurar la continuidad de estas políticas públicas para que se conviertan en políticas de Estado, ajustadas a un enfoque de derechos humanos y de género transformativo.

Fuente
Ley 9406, "Fortalecimiento de la Protección Legal de las Niñas y las Adolescentes Mujeres ante Situaciones de Violencia de Género Asociadas a Relaciones Abusivas. Reforma Código Penal, Código de Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil y Código Civil" Ley de Relaciones Impropias"
Acelerador

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

Tipo de Acción

(2) Marco Jurídico

País

(10) Costa Rica

Tipo de sector

(1) Sector Público

Institución responsable

Asamblea Legislativa

Otras instituciones

Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Paz.

Periodo

2017 - Actualidad.

Descripción

La Ley 9406 de Costa Rica, conocida como "Ley de Relaciones Impropias", es una normativa que fortalece la protección legal de las niñas y adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. Esta legislación, promulgada en 2017, reformó el Código Penal, el Código de Familia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, y el Código Civil para establecer un marco jurídico más robusto.

Las discusiones y la eventual aprobación de la Ley 9406 se fundamentaron en la contundente evidencia de una investigación realizada por el UNFPA, que analizó datos del Censo 2011 y del Registro de nacimientos y matrimonios del país. Este estudio reveló una preocupante realidad: cerca del 89 % de las niñas de 12 a 14 años que reportaron estar en unión, vivían con un hombre que les superaba en al menos 5 años de edad. La situación persistía para las adolescentes de entre 15 y 17 años, donde el 72 % convivía con una pareja masculina al menos 5 años mayor. Estos hallazgos subrayaron la necesidad urgente de una intervención legal para proteger a esta población vulnerable.

La Ley 9406 se define por dos pilares principales: la penalización de las relaciones impropias y la prohibición absoluta del matrimonio de personas menores de 18 años. En el ámbito penal, la ley tipifica como delito las relaciones sexuales con personas adolescentes cuando existe una diferencia de edad que configura una relación de poder abusiva. Específicamente, se establece una diferencia de 5 años para el rango de 13 a 15 años de la persona adolescente, y de 7 años para quienes tienen entre 15 y 18 años, imponiendo sanciones privativas de libertad al adulto involucrado. En el ámbito civil y familiar, la ley elimina cualquier excepción que permitiera el matrimonio de menores de edad, elevando la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años cumplidos.

Objetivos
  • Tipificar como agravado el abuso sexual de niñas menores de 15 años, reformando el Código Penal y agravando las penas.
  • Prohibir las relaciones entre menores de entre 13 y 15 años con adultos que les lleven cinco años o más.
  • Prohibir las relaciones de menores entre 15 y 18 años con adultos que tengan siete o más años que ellos.
  • Establecer el castigo por infringir esta ley en tres a seis años de prisión en el primer caso (13-15 años con 5+ de diferencia) y de dos a tres años en el segundo (15-18 años con 7+ de diferencia), siempre que no constituya delito de violación.
  • Prohibir la inscripción de matrimonios que incluyan a personas menores de edad.
Resultados

La prohibición del matrimonio infantil contribuyó a una disminución significativa en el número de embarazos en niñas de 10 a 14 años, pasando de una tasa de 4,5 por mil en el 2012 a 1,2 por mil en el año 2022. Es decir, bajó 73 %.

Consideraciones

Para asegurar la efectiva aplicación de la Ley de Relaciones Impropias y garantizar la plena protección de las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, se recomienda enfáticamente la necesidad de establecer programas de capacitación continua y especializada para jueces y fiscales. Esta formación debe profundizar en las particularidades de la violencia de género y el abuso sexual en el contexto de las relaciones impropias, asegurando una comprensión adecuada del marco legal y sus implicaciones. Adicionalmente, es de vital importancia fortalecer y estandarizar el acompañamiento a las víctimas sobrevivientes, mediante la implementación de protocolos claros de atención integral. Estos protocolos deben asegurar un trato sensible y respetuoso, minimizando la re victimización y garantizando el acceso oportuno a los servicios de apoyo psicosocial, médico y legal necesarios para su recuperación y protección.

Fuente
Programa Bolsa Família (PBF)
Acelerador

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

Tipo de Acción

(2) Programa Nacional

País

(7) Brasil

Tipo de sector

(1) Sector Público

Institución responsable

Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre (MDS)

Otras instituciones

Consejo Gestor del PBF (CGPBF), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, áreas de los Gobiernos federal, estatal y municipal.

Periodo

2003 - 2021. En 2023 se inició una nueva versión del programa.

Descripción

Es un Programa social de transferencias monetarias condicionadas a la asistencia en salud y educación de los niños y adolescentes. El programa se dirige a familias extremadamente pobres y a familias pobres, siempre que estas últimas tengan niños y/o adolescentes de 0 a 17 años en su núcleo familiar.

Los beneficios y sus condicionalidades son:

  • Beneficio Básico: para familias en extrema pobreza, sin condiciones.
  • Beneficio Variable a Gestante: por hasta nueve meses para mujeres embarazadas, condicionado al monitoreo de la salud de la madre y el bebé.
  • Beneficio Variable a Nutriz: por hasta seis meses para familias con niños de hasta seis meses de vida, condicionado al monitoreo de la salud del bebé.
  • Beneficio Variable: para familias con miembros de hasta 15 años de edad. Las condicionalidades requerían que los niños de 6 a 15 años asistieran a un mínimo del 85% de las clases mensuales.
  • Beneficio Variable Joven: para adolescentes de 16 a 17 años, condicionado a que asistieran a un mínimo del 75% de las clases mensuales.
Objetivos
  • Disminuir la pobreza en el corto plazo.
  • Romper la transmisión intergeneracional de la pobreza en el largo plazo a través de la acumulación de capital humano.
Resultados

Los estudios de impacto del programa Bolsa Família dan cuenta de que este ha sido positivo, en particular en materia de educación, y que ha fomentado la asistencia y la permanencia en la escuela, sobre todo de las niñas y las mujeres jóvenes.

El PBF tuvo un efecto positivo y significativo en la reducción de la probabilidad de que las niñas se casaran antes de los 18 años. Los principales resultados son:

  • Reducción del matrimonio infantil: el PBF redujo la probabilidad de matrimonio infantil en las niñas beneficiarias, y este efecto fue más intenso en el grupo clasificado como "pobres" (no en extrema pobreza).
  • Impacto por edad: el efecto del programa varió según el grupo de edad. En las niñas de 16 a 18 años, el impacto fue más fuerte, con una reducción de entre 9.43 y 10.19 puntos porcentuales en la probabilidad de casarse. En el grupo de niñas de 12 a 15 años en la categoría de extrema pobreza, la reducción en la probabilidad de matrimonio fue de 2.54 a 2.84 puntos porcentuales.
  • Acumulación de capital humano: al reducir el matrimonio precoz, el programa contribuyó indirectamente a que las niñas permanecieran más tiempo en la escuela, acumularan capital humano y tuvieran la posibilidad de lograr independencia y diseñar su futuro.

El alivio financiero provisto por el programa posibilitó el cambio en la decisión familiar sobre las uniones precoces. Entre la población de menores ingresos ha habido una movilidad social relativa y ha mejorado la situación socioeconómica de una gran proporción de los usuarios del programa durante la infancia y adolescencia.

Consideraciones

Este programa es uno de los más emblemáticos a nivel mundial. Todos los programas de transferencias monetarias o de protección del ingreso deben ir acompañados de una estrategia integral que aborde las otras dimensiones individuales e institucionales de las trayectorias educativas que subyacen al abandono escolar. Estos programas tienen amplia evidencia de resultar beneficiosos para la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes, brindar herramientas para prevenir las uniones infantiles tempranas como también mejorar los controles en salud. Si bien son programas costosos y necesitan de un seguimiento de las familias que lo reciben, las experiencias en la región dan aval para la implementación de los mismos. Por otro lado, algunos programas similares en la región tienen componentes educativos dirigidos a un grupo etario que no es el que corresponde a la educación secundaria, sino que es menor; por ello, una condición fundamental es ampliar el público objetivo y lograr una mayor articulación con los sistemas de protección social y las estrategias de prevención del abandono que alcancen a la adolescencia.

Fuente
Educación Holística para la Juventud (HEY!)
Acelerador

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

Tipo de Acción

(4) Proyecto Comunitario

País

(19) Honduras

Tipo de sector

(3) Sociedad Civil

Institución responsable

Asociación Bayán

Otras instituciones

Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias (FUNDAEC)

Ministerio de Educación

Periodo

2018 - Actualidad

Descripción

Este proyecto busca prevenir matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) en zonas rurales de Honduras a través de educación escolar transformadora de género. La Asociación de Desarrollo Socioeconómico Indígena Bayán, fundada en 1986, implementa el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), que ofrece educación secundaria a más de 8,000 estudiantes rurales. El SAT integra a la comunidad y su personal docente vive en los pueblos. El Ministerio de Educación hondureño cubre los salarios docentes.

La iniciativa Educación Holística para la Juventud (HEY!), forma parte del SAT, y busca prevenir los MUITF con educación participativa y "escuelas para madres y padres", enfocándose en pensamiento crítico, igualdad de género y salud sexual y reproductiva. Materiales educativos fueron co-creados con estudiantes, padres y docentes, y son impartidos por estudiantes de 16-17 años a sus compañeros de grados inferiores, fomentando un debate abierto.

Se desarrollaron guías educativas como "Viviendo mi juventud con propósito" y "Juventud con igualdad" para estudiantes, y "Cómo guiar a las y los hijos jóvenes" para familias, abordando normas de género, consecuencias de MUITF, cambios adolescentes, desarrollo sexual y métodos anticonceptivos. Los tutores reciben al menos 150 horas de capacitación anual durante seis años.

Objetivos
  • Prevenir los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) en las zonas rurales de Honduras.
Resultados

El programa HEY! funciona en 40 escuelas rurales secundarias. En 2018, durante la implementación del proyecto piloto, el programa se puso en marcha en 21 escuelas y benefició a 1200 estudiantes entre 12 y 17 años de edad. El programa también benefició a cerca de 1000 madres y padres, así como a 100 docentes que viven en zonas rurales y semiurbanas en situación de marginación.

En las 21 escuelas que participaron en la implementación inicial entre 2017 y 2019, hubo una reducción del 38% en los casos de MUITF y del 13% en los casos de embarazo en la adolescencia. Además, disminuyó el número de escuelas que informaron sobre casos de MUITF o de embarazos en la adolescencia. Entre 2017 y 2020, las familias y las personas de la comunidad han apoyado la implementación del plan de estudios de HEY!, incluidos los aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Consideraciones

Por sus principios, sus valores y las preferencias de la Asociación Bayán, el plan de estudios sobre sexualidad omite el contenido sobre relaciones entre personas del mismo sexo y plantea la toma de decisiones en materia de anticoncepción y el uso de los servicios de salud sexual y reproductiva como si se adoptaran en el contexto de un matrimonio o una unión. La ampliación del plan de estudios para explorar una diversidad de orientaciones sexuales y escenarios en los que personas solteras buscan servicios de salud sexual y reproductiva sería una oportunidad para aumentar la pertinencia para las personas adolescentes en general.

Fuente
Mejorando la salud de las mujeres y las adolescentes en situaciones de vulnerabilidad
Acelerador

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

Tipo de Acción

(5) Estrategia impulsada por Agencias Internacionales (OMS, OPS, UNFPA)

País

(6) Bolivia

(9) Colombia

(13) Ecuador

(17) Guyana

(19) Honduras

(25) Perú

Tipo de sector

(4) Multilaterales - Agencias

Institución responsable

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Otras instituciones

Asuntos Globales de Canadá

Gobiernos de los países y comunidades

Periodo

2021 - 2025

Descripción

El proyecto, conocido como IHWAG por sus siglas en inglés (Improved Health of Women and Adolescent Girls in Situations of Vulnerability) tiene como objetivo abordar los desafíos relacionados con la salud de las mujeres y las adolescentes en América Latina y el Caribe. Fue desarrollado en respuesta a las persistentes desigualdades que afectan la salud de las mujeres y adolescentes, en particular de los grupos históricamente excluidos, como las poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas de bajos ingresos o que viven en zonas rurales, quienes siguen enfrentando mayores cargas de enfermedad y mortalidad, así como múltiples barreras para acceder a los servicios de salud.

Objetivos

Al abordar las determinantes sociales de salud y promover la igualdad de género, el proyecto fomenta que las mujeres y las adolescentes tomen decisiones informadas sobre su bienestar y participen activamente en aspectos relacionados con su salud. El proyecto se enfoca principalmente en dos áreas de acción:

  • Aumentar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, materna y adolescente con un enfoque sensible al género y a la diversidad cultural.
  • Fortalecer el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres y las adolescentes en relación con su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.
Resultados

El proyecto ha fortalecido las capacidades de los sistemas de salud y ha promovido la salud sexual y reproductiva en poblaciones vulnerables. Se estima que alrededor de 3 millones de mujeres y adolescentes se beneficiaron directa e indirectamente de las intervenciones en los seis países.

Más de 64.000 trabajadores de salud capacitados en atención materna y neonatal, prevención del embarazo en adolescentes y respuesta a la violencia basada en género.

Más de 130 protocolos, normativas y guías técnicas desarrolladas para mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, considerando los contextos culturales.

Sistemas de información y vigilancia fortalecidos, incluyendo la implementación del Sistema de Información Perinatal de la OPS (SIP Plus) que ayuda a una mejor toma de decisiones y seguimiento de los indicadores relacionados con la salud materna y adolescente.

Más de 9.000 mujeres y adolescentes participaron en procesos de formación y toma de decisiones comunitarias sobre derechos sexuales y reproductivos.

Consideraciones

Si bien el proyecto busca generar impactos sostenibles al fortalecer las capacidades a nivel regional y nacional, es fundamental que las mejoras perduren más allá de la duración del financiamiento, lo cual sólo es posible con el compromiso de los Estados mediante acciones y financiamientos asegurados para la continuidad de los logros conseguidos.

Fuente