Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(1) Plan Nacional Integral

(8) Chile

(1) Sector Público

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Familia: a través del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Defensoría de la Niñez, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.

2011 - 2020

En Chile, la implementación de políticas para la reducción del embarazo adolescente se llevó a cabo a través de un enfoque multifacético y sostenido en el tiempo, superando incluso cambios de gobierno.

Uno de los pilares de esta estrategia fue la emisión de nuevas circulares gubernamentales. Estas circulares se enfocaron en aspectos cruciales como los requisitos de consentimiento de los padres, buscando un equilibrio con la autonomía de los adolescentes, y la protección de los jóvenes contra el abuso sexual. Paralelamente, se trabajó en la consolidación de varias leyes en un marco único, lo que permitió definir y asignar roles y responsabilidades claras a las diversas partes interesadas involucradas en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Para asegurar la efectividad de estas medidas, se realizó un fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores de primera línea, quienes son clave en la implementación de los programas de salud. La estrategia se desplegó de manera gradual, priorizando las regiones con mayor necesidad para maximizar su impacto.

En el ámbito de la gestión de la información, se implementó la creación de un registro estadístico mensual. Este registro es fundamental para recopilar datos detallados sobre los adolescentes, desglosados por edad, sexo y factores de riesgo, lo que permite un monitoreo preciso del progreso y la identificación de áreas de mejora. Además, se aprovecharon los planes regionales y nacionales y los marcos legislativos existentes para otorgar legitimidad y un respaldo sólido al programa.

La difusión de datos sobre el progreso alcanzado a la prensa fue una estrategia consciente para comunicar los resultados positivos y generar apoyo público. Asimismo, se llevó a cabo una intensa labor de promoción con asociaciones científicas, ONG, defensores de los derechos de la mujer y jóvenes para superar la resistencia y las objeciones a la provisión de anticonceptivos.

Un aspecto estratégico importante fue la decisión de no proporcionar educación integral sobre sexualidad para evitar el riesgo de generar una oposición que pudiera comprometer la agenda más amplia de acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud. Finalmente, el programa se sostuvo gracias al aseguramiento de la disponibilidad de recursos humanos y financieros. Este compromiso fue notable, ya que se mantuvo a lo largo de tres gobiernos sucesivos, tanto de partidos políticos de izquierda como de derecha, gracias a una Estrategia Nacional de Salud con una proyección de 10 años.

• Promover un mayor acceso a la anticoncepción: se buscaron eliminar barreras legales e institucionales para facilitar la provisión pública de métodos anticonceptivos, incluyendo métodos de larga duración para grupos con alta fecundidad adolescente.
• Asegurar la disponibilidad de anticoncepción de emergencia: se reconoció la importancia de la anticoncepción de emergencia como una herramienta para prevenir embarazos no planificados, a pesar de las limitaciones de cobertura.
• Establecer y expandir "espacios amigables": el objetivo fue crear y masificar estos centros de salud para facilitar el acceso a anticoncepción, ofrecer capacitación y consejería en salud sexual y reproductiva, y mejorar la atención integral para adolescentes.
• Reducir las uniones en la adolescencia: reconociendo la relación entre unión y maternidad, se apuntó a disminuir la formación de parejas (matrimonio o convivencia) en esta etapa.
• Impulsar el aumento del nivel educativo: se consideró que la masificación de la educación universitaria y el incremento general del nivel educativo contribuirían a una menor probabilidad de maternidad adolescente.
• Utilizar la despenalización del aborto bajo tres causales: a pesar de las restricciones legales y las bajas cifras oficiales, se vio como un factor potencial para reducir el embarazo adolescente, similar a la experiencia de otros países.
• Fortalecer el empoderamiento femenino: se observó que un mayor control de las adolescentes sobre su cuerpo y decisiones, impulsado por el empoderamiento femenino, contribuiría a la prevención del embarazo.
• Integrar voluntad política y acción pública: el objetivo general fue combinar la voluntad política con acciones públicas concretas para aumentar el acceso a la salud sexual y reproductiva, y así reducir el embarazo adolescente.

La Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) en Chile experimentó una disminución significativa en el periodo de 2010 a 2018. Según las estadísticas vitales, la fecundidad adolescente pasó de 56 por mil en 2008 a 23 por mil en 2018, lo que representa una caída de casi el 60% en solo 10 años.

En cuanto a la disminución de la fecundidad en niñas menores de 15 años (TEFA temprana) la tasa para este grupo bajó de 1.8 por mil en 1997 a 0.8 por mil en 2017.

La experiencia de Chile demuestra la importancia de la coordinación entre políticas públicas a pesar de que no se haya generado un Plan Específico para la reducción del embarazo en adolescentes. Se logró la disminución de la TEFA a partir de la continuidad en el tiempo de dichas políticas, independientemente de los cambios en el gobierno, tanto por la demostración de lograr los resultados esperados como así también por el conocimiento y apoyo desde la comunidad. En este sentido fue fundamental la comunicación permanente a través de campañas y de publicaciones científicas. La demostración mediante evidencias de la eficacia de las políticas implementadas fue fundamental para su continuidad.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(1) Plan Nacional Integral

(21) México

(1) Sector Público

Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE),

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

2015–2023 (Fase I y II)

La ejecución de la ENAPEA se articula en cuatro componentes principales:

• Educación inclusiva, integral y flexible y Educación Integral en Sexualidad (EIS): se ha buscado fortalecer los planes y programas de estudio con contenidos de Educación Integral en Sexualidad (EIS) y habilidades socioemocionales. Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras entidades como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) han desarrollado una variedad de recursos, incluyendo infografías, cuadernillos y videos. Además, se han realizado capacitaciones y talleres para sensibilizar al personal docente sobre la enseñanza de estos temas. Se han utilizado tecnologías de la información y comunicación, como la plataforma de la serie de webinarios "México, un país más feliz" y la serie "Ellas hacen ciencia", para difundir información de manera accesible y atractiva para los jóvenes.
• Servicios de Salud Amigables: un pilar fundamental ha sido la expansión de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes. Estos centros ofrecen atención integral y confidencial en salud sexual y reproductiva, incluyendo consejería y una amplia gama de métodos anticonceptivos, como los de acción prolongada. Se ha fortalecido la consejería y la oferta de anticonceptivos durante la atención post evento obstétrico para evitar el segundo embarazo durante la adolescencia.
• Entorno Habilitante: esta área se enfoca en fortalecer las capacidades de los adolescentes y en fomentar su participación para transformar las normas sociales y culturales. Se han implementado campañas de comunicación como "Yo decido" para promover planes de vida y la corresponsabilidad masculina en la prevención del embarazo. Asimismo, se han desarrollado estrategias para prevenir y atender la violencia sexual, un factor de riesgo importante para el embarazo adolescente, con la creación de protocolos de actuación y rutas de atención para víctimas. Se han implementado programas para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, con un enfoque en la erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Se han creado materiales de difusión y se han capacitado a servidores públicos para la detección y atención de estos casos. Se promueven acciones específicas para poblaciones históricamente vulneradas, como las personas con discapacidad, la comunidad LGBTTTIQ+ y las comunidades indígenas y afrodescendientes. El plan contempla la elaboración de materiales en diferentes lenguas indígenas y la colaboración con organizaciones de estos pueblos para asegurar una perspectiva culturalmente pertinente.
• Coordinación Interinstitucional: la Estrategia es coordinada a nivel federal por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SG-CONAPO) con la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Su implementación se extiende a nivel estatal y municipal a través de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Para monitorear el progreso, se ha creado el Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA (SIMS-ENAPEA). Este sistema se basa en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) y otros registros oficiales para evaluar los avances de la estrategia a través de la actualización periódica de 49 indicadores.

Reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030, y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos.

Servicios de Salud Amigables: la cobertura de estos servicios ha aumentado, pasando de 2,605 en 2018 a 3,351 en junio de 2024, lo que representa un aumento del 28.6%.

Se registraron incrementos en el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, en la prevalencia de métodos modernos y en la participación masculina. En junio de 2024, el método anticonceptivo más aceptado en adolescentes atendidas por la Secretaría de Salud fue el implante subdérmico (48.4%).

Atención Pos Evento Obstétrico (AIPEO): cobertura de protección posparto del 83.3% en 2024. Esto representa un incremento de 5.7 puntos porcentuales en comparación con los dos años previos.

Se han incrementado los servicios de Atención Especializada en Violencia de Género y Sexual, contando con 416 de estos servicios hasta junio de 2024.

La TEFA quinquenal para adolescentes de 15 a 19 años disminuyó de 72.2 a 50.6 nacimientos por cada mil mujeres en este grupo, lo que representa un descenso del 29.9% entre los quinquenios 2013-2017 y 2019-2022. Este descenso se relaciona con las medidas sanitarias tomadas durante la pandemia de COVID-19, como el aislamiento y la suspensión de clases presenciales, que redujeron el contacto físico de los adolescentes.

La TEFA de 10 a 14 años descendió en un 22,9% entre 2015 y 2023, pasando de 2,20 a 1,70.

La experiencia de México demuestra la importancia de la implementación a nivel federal, estatal y municipal a través de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). Además, la implementación se realizó de forma gradual, priorizando las regiones con mayores necesidades para maximizar su impacto. Es de gran importancia el monitoreo permanente con publicación en sitios web de las áreas del Estado de los indicadores que demuestran un seguimiento de las políticas y sus resultados. La centralización de la coordinación de tantas áreas que participan en la Estrategia necesita una decisión política y un liderazgo para poder garantizar los resultados.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(1) Plan Nacional Integral

(32) Uruguay

(1) Sector Público

Ministerio de Salud Pública (MSP)

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Programa Uruguay Crece Contigo (UCC).

Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Universidad de la República a través del Núcleo Interdisciplinario Adolescencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (ASDER).

Colaboración de organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas y organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Eurosocial de la Unión Europea.

2016 a 2020

Las estrategias utilizadas se estructuraron en cuatro componentes principales con objetivos específicos:

1. Actividades generales dirigidas a todos los y las adolescentes: fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos, para promover las condiciones para que los adolescentes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos y tomen decisiones con autonomía; proyectos de vida diversos, para cuestionar los modelos tradicionales de género y fomentar proyectos de vida alternativos a la maternidad y paternidad tempranas; y educación sexual integral (ESI), para ampliar la cobertura de actividades educativas de educación sexual en los diferentes Consejos de Educación y profundizar la formación de docentes en este tema.
2. Actividades focalizadas en adolescentes que transitan un embarazo: detección y atención oportuna, para fortalecer la detección y captación oportuna para la atención de la adolescente, ya sea para la interrupción o la continuidad del embarazo, buscando el involucramiento de su entorno social; mapa de ruta y flujograma para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de posible embarazo, con el objetivo de garantizar una atención integral, pertinente y oportuna; y apoyo psicoemocional, para que todas las niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años tuvieran acceso a un espacio de apoyo psicológico individual.
3. Actividades dirigidas a quienes son madres o padres adolescentes: oportunidades y protección, para garantizar el acceso a oportunidades, el ejercicio de derechos y la protección de las adolescentes embarazadas, madres y padres, para apoyar la prevención de la reiteración de embarazos no intencionales; anticoncepción post-evento obstétrico, para que en todas las maternidades del país se brindara anticoncepción luego del parto, con jornadas de sensibilización e información para los equipos de salud de prestadores públicos y privados; y apoyo a la crianza, con acompañamiento a la crianza para padres y madres adolescentes, y promoción de su permanencia educativa.
4. Implementación de políticas públicas: coordinación intersectorial y territorial, mediante una mesa coordinadora intersectorial liderada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), con mesas territoriales instaladas en todos los departamentos del país para adaptar y planificar acciones a nivel local.

Campaña comunicacional: se diseñó y ejecutó una campaña comunicacional en dos etapas (2017-2018 y 2019) dirigida a adolescentes y a la población en general, con mensajes sobre derechos, oportunidades y proyectos de vida.

Capacitación de equipos: se realizaron capacitaciones para equipos técnicos y profesionales a nivel nacional y territorial, con el objetivo de fortalecer su capacidad de intervención.

La estrategia reforzó la disponibilidad de una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluidos los implantes subdérmicos.

Cooperación internacional: la estrategia contó con el apoyo técnico y financiero de organismos como el UNFPA, Eurosocial y el BID.

Disminuir la incidencia del embarazo no intencional en adolescentes y sus determinantes, garantizando la promoción y el ejercicio de sus derechos.

Componente 1 (Adolescentes): fortalecer las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la toma de decisiones con autonomía, promoviendo proyectos de vida diversos que cuestionen los modelos tradicionales de género.

Componente 2 (Adolescentes que transitan un embarazo): fortalecer la detección y captación oportuna para la atención de la adolescente en la interrupción o continuidad del embarazo, buscando el involucramiento de su entorno social cercano.

Componente 3 (Adolescentes madres y padres): garantizar el acceso a oportunidades, el ejercicio de derechos y la protección de las adolescentes embarazadas, madres y padres, apoyando la prevención de la reiteración de embarazos no intencionales.

Componente 4 (Implementación de políticas públicas): implementar de forma articulada en el territorio las políticas públicas vinculadas a la Estrategia.

Disminución en tasa de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años del 49%, pasando de 52,4 (2016) a 26,8 (2021). El porcentaje de nacimientos de madres adolescentes se mantuvo en alrededor del 16% desde 1996 hasta 2014, para luego disminuir a 11,3% en 2018.

El abordaje de la experiencia según la situación de cada adolescente demostró impacto en cada caso. Como suele suceder en países de la región los cambios en los gobiernos atentan contra la continuidad de este tipo de estrategias por lo cual es necesario asegurar la continuidad de estas políticas públicas para que se conviertan en políticas de Estado, ajustadas a un enfoque de derechos humanos y de género transformativo.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(1) Plan Nacional Integral

(2) Argentina

(1) Sector Público

Ministerio de Salud Nacional

Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Desarrollo Social Nacional.

Gobiernos provinciales con sus respectivos Ministerios.

2017 - 2023

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) es una iniciativa integral del gobierno argentino, lanzada en 2017, cuyo objetivo central es reducir la tasa de embarazos en adolescentes a través de diversas estrategias.

Este plan se enfoca en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, garantizando el acceso a información, servicios de salud y educación sexual integral. Para maximizar su impacto, el Plan ENIA se implementó con una priorización en las 12 provincias con las tasas de fecundidad adolescente (TEFA) más altas, abarcando específicamente 36 departamentos dentro de estas provincias que presentaban tasas por encima del promedio nacional.

Entre sus acciones clave, el Plan ENIA aborda la prevención de la violencia basada en género (VBG) y el abuso sexual mediante el relevamiento de normativas, la producción de material audiovisual, el desarrollo de herramientas técnicas para la detección temprana y el abordaje del abuso sexual, la implementación de consejerías para víctimas, y el fomento de la educación y el desarrollo social.

Adicionalmente, el plan asegura el acceso a métodos anticonceptivos (MAC) modernos garantizados por equipos de salud territoriales y promueve el acceso a la educación sexual integral (EIS) en las escuelas a través de "Acompañantes Pedagógicos" (AP) que brindan acompañamiento institucional. También facilita asesorías en salud integral en escuelas y servicios de salud (ASIE), con turnos protegidos para asegurar el acceso al sistema de salud y en espacios comunitarios.

Para su implementación, el Plan ENIA contó con un presupuesto específico dentro del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, destinado a la compra de insumos y la contratación de recursos humanos, y se basa en un número reducido de dispositivos con Planes Operativos Anuales que definen metas de cobertura y procesos en los niveles nacional, provincial y local.

• Sensibilizar a la población general y a adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.
• Mejorar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones.
• Potenciar las decisiones informadas de adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
• Fortalecer políticas para la prevención del abuso y de la violencia sexual para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

La implementación estratégica del Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) en las 12 provincias argentinas con las Tasas Específicas de Fecundidad Adolescente (TEFA) más elevadas ha generado un impacto transformador. El Plan ha contribuido directamente a una reducción del 50% en el valor nacional de la TEFA, pasando de 50 por cada mil adolescentes en 2018 a 25 por cada mil en 2023. Esta notable disminución no solo representa un avance significativo en la salud pública, sino que también ha generado un sustancial beneficio social estimado en USD 165.452.723 para el país, lo que se traduce en un impresionante retorno de USD 4,3 por cada dólar invertido en el programa.

Estos resultados tangibles se lograron a través de intervenciones clave y un enfoque integral. El Plan ENIA facilitó que 249.911 niñas, adolescentes y jóvenes recibieran métodos anticonceptivos de larga duración, lo que demuestra un acceso ampliado a opciones de planificación familiar efectivas. La capacidad de los profesionales de la salud también se fortaleció, con 23.345 profesionales capacitados en anticoncepción de larga duración y en atención especializada para adolescentes. En el ámbito educativo, 20.143 docentes fueron capacitados en contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), logrando que la ESI se implementara en el 87,5% de las escuelas.

Como resultado directo de estas acciones coordinadas, se estima que se evitaron 93.676 embarazos adolescentes no intencionales. Además, el Plan ENIA logró una reducción del 52% en la brecha entre las provincias que ya mostraban una disminución del embarazo adolescente y aquellas donde esta tendencia era estancada o incluso ascendente, evidenciando la capacidad del programa para nivelar las oportunidades y resultados en todo el territorio.

Este Plan abordó la prevención del embarazo en adolescente como un asunto de derechos humanos y de justicia social, que por lo cual requiere de políticas públicas integrales, sostenibles, basadas en evidencia y que deben contar con un presupuesto asignado y garantizado en forma anual para lograr los objetivos.

Fue fundamental su monitoreo permanente mediante indicadores confiables y rendición de cuentas periódicas a la comunidad. El Plan se vio fortalecido y legitimado por un consejo consultivo (conformado por sociedades profesionales y organizaciones de la sociedad civil), el apoyo técnico de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas (UNFPA, UNICEF, PNUD) y el vínculo con el Poder Legislativo (Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(2) Marco Jurídico

(10) Costa Rica

(1) Sector Público

Asamblea Legislativa

Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Paz.

2017 - Actualidad.

La Ley 9406 de Costa Rica, conocida como "Ley de Relaciones Impropias", es una normativa que fortalece la protección legal de las niñas y adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. Esta legislación, promulgada en 2017, reformó el Código Penal, el Código de Familia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, y el Código Civil para establecer un marco jurídico más robusto.

Las discusiones y la eventual aprobación de la Ley 9406 se fundamentaron en la contundente evidencia de una investigación realizada por el UNFPA, que analizó datos del Censo 2011 y del Registro de nacimientos y matrimonios del país. Este estudio reveló una preocupante realidad: cerca del 89 % de las niñas de 12 a 14 años que reportaron estar en unión, vivían con un hombre que les superaba en al menos 5 años de edad. La situación persistía para las adolescentes de entre 15 y 17 años, donde el 72 % convivía con una pareja masculina al menos 5 años mayor. Estos hallazgos subrayaron la necesidad urgente de una intervención legal para proteger a esta población vulnerable.

La Ley 9406 se define por dos pilares principales: la penalización de las relaciones impropias y la prohibición absoluta del matrimonio de personas menores de 18 años. En el ámbito penal, la ley tipifica como delito las relaciones sexuales con personas adolescentes cuando existe una diferencia de edad que configura una relación de poder abusiva. Específicamente, se establece una diferencia de 5 años para el rango de 13 a 15 años de la persona adolescente, y de 7 años para quienes tienen entre 15 y 18 años, imponiendo sanciones privativas de libertad al adulto involucrado. En el ámbito civil y familiar, la ley elimina cualquier excepción que permitiera el matrimonio de menores de edad, elevando la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años cumplidos.

• Tipificar como agravado el abuso sexual de niñas menores de 15 años, reformando el Código Penal y agravando las penas.
• Prohibir las relaciones entre menores de entre 13 y 15 años con adultos que les lleven cinco años o más.
• Prohibir las relaciones de menores entre 15 y 18 años con adultos que tengan siete o más años que ellos.
• Establecer el castigo por infringir esta ley en tres a seis años de prisión en el primer caso (13-15 años con 5+ de diferencia) y de dos a tres años en el segundo (15-18 años con 7+ de diferencia), siempre que no constituya delito de violación.
• Prohibir la inscripción de matrimonios que incluyan a personas menores de edad.

La prohibición del matrimonio infantil contribuyó a una disminución significativa en el número de embarazos en niñas de 10 a 14 años, pasando de una tasa de 4,5 por mil en el 2012 a 1,2 por mil en el año 2022. Es decir, bajó 73 %.

Para asegurar la efectiva aplicación de la Ley de Relaciones Impropias y garantizar la plena protección de las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, se recomienda enfáticamente la necesidad de establecer programas de capacitación continua y especializada para jueces y fiscales. Esta formación debe profundizar en las particularidades de la violencia de género y el abuso sexual en el contexto de las relaciones impropias, asegurando una comprensión adecuada del marco legal y sus implicaciones. Adicionalmente, es de vital importancia fortalecer y estandarizar el acompañamiento a las víctimas sobrevivientes, mediante la implementación de protocolos claros de atención integral. Estos protocolos deben asegurar un trato sensible y respetuoso, minimizando la re victimización y garantizando el acceso oportuno a los servicios de apoyo psicosocial, médico y legal necesarios para su recuperación y protección.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Programa Nacional

(13) Ecuador

(1) Sector Público

Ministerio de Educación

Cooperación con organismos internacionales, sociedad civil y el ámbito académico

2010 - Actualidad

La estrategia consistió en un currículo educativo actualizado y fortalecido que incluía la educación sexual como un tema transversal y obligatorio en todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas, con enfoque de derechos y perspectiva de género.

• Disminuir tasas de embarazo en adolescente en Ecuador, que se encontraban entre las más altas de América Latina y el Caribe.
• Empoderar a los individuos para que tomen decisiones informadas sobre su comportamiento sexual, reconozcan los riesgos asociados y superen las influencias sociales y culturales.
• Proporcionar información y habilidades para decisiones responsables.
• Promover derechos sexuales y reproductivos.
• Brindar conocimientos para actuar como un factor de protección para identificar signos de abuso sexual infantil.

Cobertura EIS en más del 90 % de las escuelas.

TEFA 15–19: disminuyó un 43 % desde su implementación (91,2 a 51,6 ‰ 2010–2021).

TEFA 10 a 14 años disminuyó de 3,3 a 2,4 por mil entre 2010 y 2021.

La incorporación de la EIS trajo un impacto demostrado en la prevención de los embarazos en adolescentes, tal como lo avala una amplia gama de bibliografía al respecto. La intervención tuvo interrupciones, ya que en 2016 un cambio curricular eliminó la educación sexual como tema transversal y dejó su inclusión a discreción de cada institución educativa. Ante la oposición que se presenta a nivel familiar en algunos sectores es crucial la participación activa de los padres para implementar acciones coordinadas que superen esta barrera.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(4) Proyecto Comunitario

(6) Bolivia

(3) Sociedad Civil

(4) Multilaterales

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

UNFPA

2017 - 2020

Es una iniciativa que buscó capacitar a jóvenes y adolescentes para que se conviertan en agentes de cambio frente a sus pares y en sus comunidades, promoviendo relaciones saludables y libres de violencia. Consistió en un proceso de formación dirigida a adolescentes de unidades educativas del nivel secundario. Los brigadistas recibieron formación en temas como la violencia en el noviazgo, manejo de emociones, educación sexual integral, y replicación de masculinidades plurales. Los y las brigadistas impulsaron un grupo de orientación primaria, uno de "ciberbrigadistas", llevaron adelante un programa de radio, y realizaron intervenciones en movilizaciones sociales.

Para la implementación de esta intervención se han priorizado 9 municipios: El Alto, Viacha, Punata, Sacaba, Tiquipaya (Chapisirca), Tupiza, Llallagua, Uncía y Cobija.

• Formación de mujeres adolescentes como brigadistas para la prevención de embarazos en la adolescencia, de violencia sexual y de violencia en el enamoramiento y fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, de incidencia y de exigibilidad (EIS fuera de la escuela).
• Formación de hombres adolescentes para el ejercicio de masculinidades positivas, para la prevención de embarazos no planificados y violencia en los noviazgos (EIS fuera de la escuela).
• Incidencia con madres y padres de los/as líderes adolescentes que participan en esos procesos formativos (Modelo ecológico).
• Campamento juvenil ¡Juventudes Ya!, con modalidades virtual y presencial, con participación de líderes mujeres y hombres de los municipios con los que trabaja el UNFPA.
• Implementación de chatbot AleTabú (página en Facebook "Sin pelos en la lengua") y difusión de campañas digitales para que las juventudes conozcan sus derechos, los recursos hacia su exigibilidad y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR).

• Prevenir la violencia en relaciones de noviazgos.
• Promover el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
• Prevenir embarazos en adolescentes.
• Consolidar alianzas entre los gobiernos autónomos municipales, direcciones distritales de educación, unidades educativas, juntas escolares y gobiernos estudiantiles.
• Ejecutar un currículo educativo para el desarrollo de capacidades con adolescentes mujeres y hombres en el marco de la EIS fuera de la escuela.
• Construir participativamente espacios para la incidencia y exigibilidad de los DSDR de adolescentes y jóvenes en los servicios de salud y la comunidad educativa.
• Promover la realización de acciones de información de par a par para la prevención de noviazgos violentos, la promoción de la SSR y el ejercicio pleno de los DSDR.

En el año 2016 se formaron 107 brigadistas adolescentes mujeres, y durante 2017 se llevaron adelante talleres de transferencia de materiales de formación, dirigidos a la realización de procesos de formación y réplicas para la prevención de noviazgos violentos en unidades educativas, donde participaron 72 brigadistas formados en el año anterior.

En 2018, se formaron 260 brigadistas mujeres y 187 Brigadistas hombres de masculinidades positivas, que desarrollaron sesiones informativas en espacios públicos, con 6.030 personas y 140 réplicas con pares, que incluyeron a 2.321 adolescentes en las unidades educativas.

En 2019 se formaron 418 mujeres y 238 hombres que desarrollaron 349 réplicas con sus pares e informaron a 5.090 adolescentes en las unidades educativas.

En 2020 se realizó el proceso de reforzamiento virtual (como respuesta alternativa a la situación epidemiológica: Covid-19), donde participaron 133 brigadistas que fueron capacitados/as en el año 2019.

El reconocimiento que tiene el UNFPA y CPMGA en el trabajo con adolescentes y jóvenes facilitó la interacción y los acuerdos con diferentes autoridades del sistema educativo y de los municipios focalizados. Esto es fundamental para implementar este tipo de iniciativas. Sin embargo su continuidad se ve limitada por la falta de instrumentos de evaluación y monitoreo, la inexistencia inicial de convenios interinstitucionales con las unidades municipales y la limitada participación de las familias debido a su disponibilidad de tiempo. Es preciso desarrollar un Programa municipal para brigadistas, para que los gobiernos municipales asuman sus roles en sus distintas competencias con la asignación de presupuestos necesarios.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(4) Proyecto Comunitario

(11) Cuba

(3) Sociedad Civil (4) Multilaterales

UNICEF Cuba

Oficina del Historiador

Unión Europea.

2017 - Actualidad

Promovido como un espacio seguro para adolescentes, este Centro impulsa talleres para generar conciencia sobre las desigualdades y estereotipos de género, su repercusión y manifestación en la adolescencia; el reconocimiento y manejo de situaciones agresivas, género y tecnologías, bullying, cyberbullying y violencia simbólica. Ofrecen una variedad de talleres gratuitos que se imparten por trimestre. Estos talleres cubren diversas áreas, incluyendo:

Comunicación: podcast, periodismo, locución.

Arte y cultura: pintura, danza, fotografía, modelaje.

Tecnología y ciencia: modelado 3D, robótica, física.

Deportes y recreación: capoeira, bailes latinos, cocina cubana.

• Contribuir a una mayor inclusión social y participativa de los y las adolescentes.
• Apoyar el desarrollo de sus potencialidades, con un enfoque de derecho, género y equidad.

El centro ha sido reconocido por su papel en la promoción de la salud mental, la inclusión y la creación de un espacio seguro para los adolescentes. Un ejemplo de su trabajo es su participación en la campaña de UNICEF "Mídete", para una infancia sin violencia.

El Centro a+ surgió como una plataforma para la inclusión social y participativa. El proyecto no fue impuesto, sino que fue codiseñado por los propios adolescentes, quienes ayudaron a proyectar y conceptualizar el espacio. Para que un proyecto sea efectivo y relevante, es crucial que los beneficiarios directos participen en su diseño y gestión. Esto fomenta el sentido de pertenencia y asegura que las actividades respondan a sus intereses y necesidades. El proyecto surgió de la observación de que los adolescentes a menudo quedaban excluidos de las actividades culturales y sociales destinadas a niños o adultos mayores. El Centro a+ se enfoca exclusivamente en ellos, ofreciendo un lugar donde pueden ser ellos mismos, explorar sus intereses y encontrar apoyo. Reconocer las necesidades particulares de un grupo etario específico como los adolescentes y crear un espacio dedicado a ellos puede ser más efectivo que integrar sus necesidades en programas más amplios.

El Centro a+ es un proyecto de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y cuenta con el apoyo de la Unión Europea y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Esta colaboración asegura su sostenibilidad y capacidad de acción. La viabilidad a largo plazo de un proyecto social a menudo depende de alianzas estratégicas entre organismos gubernamentales, instituciones culturales y socios internacionales. La sinergia entre estas entidades puede multiplicar el impacto y garantizar recursos para su funcionamiento.

El Centro a+ también prioriza la salud de los jóvenes, ofreciendo servicios de consejería para el adolescente y su familia. Abordar el bienestar emocional y la salud mental es fundamental para el desarrollo integral.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(1) Plan Nacional Integral

(10) Costa Rica

(1) Sector Público

(2) Sector Privado

Ministerio de Salud

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Ministerio de Educación

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Fase 1 (Preparación): de 2012 a 2014.

Fase 2 (Implementación): de 2015 a 2018

La Iniciativa de Salud Mesoamérica (SMI) es una asociación público-privada que tiene como objetivo mejorar la mortalidad materno-infantil en las poblaciones más vulnerables de la región de Mesoamérica. Esta iniciativa apoya intervenciones rentables en salud materna, neonatal, infantil y reproductiva, a través de acuerdos de financiamiento basados en resultados con los gobiernos de la región. Las intervenciones son definidas en acuerdo con cada gobierno para priorizar los problemas de salud específicos de cada país. En Costa Rica, el Ministerio de Salud fue la institución que lideró el diseño y la supervisión del modelo de atención integral para adolescentes.

El modelo fue diseñado conjuntamente con el BID, la Iniciativa Salud Mesoamérica y varias instituciones gubernamentales. Fue una intervención a gran escala que buscaba reducir el embarazo adolescente en los distritos más pobres de Costa Rica. El plan integró los servicios de salud sexual y reproductiva en el sistema de salud nacional mediante un enfoque intersectorial, que involucró a diversas instituciones gubernamentales como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación, y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). La intervención se implementó en 52 de los 469 distritos del país.

Las principales características del plan incluyeron:

Visitas de atención integral: se diseñaron visitas preventivas para adolescentes en centros de atención primaria, donde se ofrecía información sobre salud sexual y reproductiva, un examen físico y una evaluación de riesgos.

Enfoque basado en riesgos: se clasificaba a los adolescentes según sus riesgos de salud sexual y reproductiva, salud mental y social. Los adolescentes con riesgo medio o alto recibían consejería adicional y acceso a métodos anticonceptivos de su elección.

Acceso mejorado: se amplió el tiempo de consulta, se capacitó al personal de salud para comunicarse con adolescentes y se adaptaron áreas para garantizar la privacidad. Se aseguró la disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos, incluidos los de larga duración, de forma gratuita.

Coordinación intersectorial: se crearon unidades de coordinación a nivel local y regional para gestionar y dar seguimiento a los servicios ofrecidos por diferentes instituciones, desde la atención médica hasta el apoyo educativo y social.

Actividades de difusión: se realizaron actividades educativas en escuelas y se capacitó a líderes estudiantiles para promover las visitas de atención integral.

Ministerio de Educación: su rol en el plan incluyó actividades educativas e informativas sobre salud sexual y reproductiva en las escuelas, la derivación y facilitación de la asistencia de los estudiantes a la visita integral, y el apoyo a las adolescentes embarazadas para que continuaran su educación.

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): es el principal proveedor y financiador de servicios de salud en el país y se encargó de la provisión de la visita integral para adolescentes, los servicios de salud asociados y los métodos anticonceptivos en los centros de salud elegibles.

Patronato Nacional de la Infancia (PANI): una institución autónoma responsable de la protección y el desarrollo integral de niños y adolescentes. El PANI brindó asistencia y apoyo a adolescentes en situación de riesgo (como víctimas de abuso, violencia o negligencia), ofreciendo servicios legales, psicológicos, sociales y educativos, y becas para madres adolescentes. También capacitó y supervisó el trabajo de los líderes adolescentes que proporcionaban educación y apoyo entre pares.

• Reducir las tasas de fertilidad adolescente en los distritos más pobres del país.
• Proporcionar un acceso más amplio y mejor a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.
• Mejorar el acceso a MAC mediante la distribución de métodos anticonceptivos de forma gratuita.

La tasa de fertilidad adolescente (10-19 años) se redujo en un 11.3% en relación con la tasa promedio anterior a la intervención en los distritos tratados.

Reducción en el grupo de 10-14 años: se observó una reducción aún más notable del 24% en la tasa de fertilidad para este grupo de edad, en comparación con el promedio previo a la intervención.

Cobertura del servicio: para 2018, la cobertura acumulada en los distritos objetivo fue alta, especialmente para las adolescentes. Aproximadamente el 94.7% de las adolescentes y el 69.5% de los adolescentes entre 10 y 19 años asistieron a una visita integral al menos una vez.

La recepción de anticonceptivos fue mucho mayor entre las mujeres (38.2%) que entre los hombres (4.5%).

La recepción de anticonceptivos fue más alta entre los adolescentes clasificados con un alto riesgo de salud sexual y reproductiva (70.5%).

El modelo de atención integral fue eficaz para reducir la TEFA, especialmente entre las niñas de 10 a 14 años, un grupo de difícil acceso. Los resultados sugieren que el éxito se debió a la integración de varios elementos en un modelo integral, y no a intervenciones aisladas.

El modelo demostró ser efectivo para proporcionar servicios a adolescentes vulnerables y en riesgo.

Aunque el estudio no pudo cuantificar el papel del esquema de financiamiento basado en resultados de la SMI, se sugiere que este sistema contribuyó a acelerar el progreso y fomentar una cultura orientada a resultados.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(2) Programa Nacional

(5) Estrategia impulsada por Agencias Internacionales (OMS, OPS, UNFPA)

(33) Venezuela

(1) Sector Público

(4) Multilaterales

UNFPA

Codehciu (Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía)

2020 - Actualidad

Los "Espacios Seguros para mujeres y adolescentes" son lugares físicos y/o redes de apoyo donde las participantes pueden encontrar un refugio para reflexionar, aprender y fortalecer sus capacidades. Se centran en un enfoque psicosocial, ofreciendo actividades grupales y didácticas que buscan generar un proceso de empoderamiento femenino. Los espacios están diseñados para ser inclusivos y seguros, facilitando que las mujeres y adolescentes expresen sus necesidades, compartan experiencias y construyan redes de apoyo mutuo.

• Prevenir y mitigar la Violencia Basada en Género (VBG): mediante la provisión de información, sensibilización y servicios especializados.
• Empoderar a mujeres y adolescentes: fomentando la reflexión sobre sus derechos, roles de género y proyecto de vida.
• Proveer un espacio seguro: que facilite el bienestar psicosocial y la expresión libre de las participantes.
• Servir como punto de entrada a servicios especializados: conectando a las sobrevivientes de VBG con el sistema de remisión y atención de calidad.
• Fortalecer las capacidades de los equipos y socios: capacitando a los facilitadores y al personal humanitario para una atención óptima y segura.

Los resultados se miden a través de la implementación de la guía metodológica y la aplicación de encuestas de empoderamiento. Aunque los datos específicos pueden variar, los informes destacan que el programa ha logrado:

• Incrementar el conocimiento: las participantes adquieren información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, así como sobre la prevención y respuesta a la VBG.
• Mejorar el bienestar psicosocial: se reporta una mejoría en la autoeficacia, la autoestima y la capacidad de afrontamiento de las participantes.
• Crear redes de apoyo: se fomenta la solidaridad y la creación de lazos comunitarios entre las mujeres y adolescentes, lo que les brinda una red de seguridad fuera del proyecto.
• Conectar a sobrevivientes con servicios: los espacios seguros funcionan como un puente para que las mujeres y adolescentes en riesgo o que han sufrido VBG accedan a servicios de protección y atención.

La estrategia se enfoca en la prevención y la respuesta, reconociendo que la VBG es un problema estructural que requiere un enfoque multifacético y comunitario. La confidencialidad y la seguridad de las participantes son pilares fundamentales del programa.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(4) Proyecto Comunitario

(26) República Dominicana

(2) Sector Privado

(3) Sociedad Civil

Fundación Tropicalia

UNFPA

Organizaciones de la Sociedad Civil y empresas locales

2013 - Actualidad

La estrategia consiste en un campamento de verano que promueve el sano desarrollo de las niñas y la igualdad de género. El campamento provee un espacio de contención y seguridad a niñas de 9 a 12 años diseñado para contrarrestar el ciclo que las mantiene en condiciones de desigualdad, lo cual se traduce en una falta de oportunidades y la posibilidad de convertirse en víctimas de la violencia.

"Soy Niña, soy Importante" (SNSI) es una iniciativa de desarrollo social enfocada en el empoderamiento de niñas y adolescentes de comunidades vulnerables, con un enfoque geográfico específico en el municipio de Miches, provincia de El Seibo. El programa busca proporcionarles herramientas y conocimientos para que puedan tomar decisiones asertivas sobre su vida y futuro.

Las actividades principales incluyen:

Campamento de verano: es el componente original del programa, donde niñas entre 9 y 12 años participan en talleres y actividades recreativas y educativas.

Programa en casa (SNSI en casa): una adaptación realizada durante la pandemia, que consistió en la entrega de cajas con materiales educativos y de higiene para que las participantes continuaran su aprendizaje desde sus hogares.

Club de Chicas: un programa para adolescentes entre 13 y 15 años que busca fortalecer habilidades para la vida y el liderazgo, y profundizar en temas como la salud sexual y reproductiva.

Activismo y campañas: la fundación lanza campañas de comunicación y participa en iniciativas para educar a la comunidad y promover la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

• Empoderar a las niñas: ayudarlas a identificar su proyecto de vida, alcanzar sus sueños y tomar decisiones responsables.
• Promover la educación sexual y reproductiva: brindar información clara y precisa para la prevención de embarazos en la adolescencia.
• Fomentar la autoestima: trabajar en la confianza y el valor personal de las niñas.
• Prevenir la violencia de género: educar a la comunidad sobre los derechos de la niñez y las problemáticas de la violencia.

El SNSI reúne a más de 300 niñas procedentes de seis comunidades distintas en este campamento, durante el cual aprenden acerca del concepto de proyecto de vida, la educación en valores, el fomento de las relaciones interpersonales, el desarrollo de una sana autoestima, educación sexual, la cultura de paz, la violencia basada en género, nutrición y el deporte.

El programa ha acompañado a cientos de niñas y sus familias, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades. Para el año 2023, se reportó haber impactado a más de 1,260 niñas.

El programa opera en una región específica (Miches), que presenta desafíos sociales como altas tasas de embarazo adolescente y matrimonio infantil. Esto hace que la labor de SNSI sea crucial para la comunidad.

SNSI se ha convertido en un pilar del modelo de turismo sostenible de la empresa madre del proyecto, demostrando cómo una iniciativa social puede integrarse en el modelo de negocio para generar un impacto positivo.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(4) Proyecto Comunitario

(14) El Salvador

(3) Sociedad Civil

Glasswing International

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA)

2011 - Actualidad

El programa "El Club de Niñas" ha sido diseñado como un espacio seguro, holístico y de apoyo para niñas, adolescentes de 9 a 18 años. Su concepción principal busca la construcción de "factores de protección" que actúen como una barrera contra las vulnerabilidades y reduzcan la probabilidad de resultados negativos como la deserción escolar, el embarazo adolescente y la violencia de género. La población objetivo son las jóvenes de las comunidades, centros escolares y aquellas adolescentes que se encuentran en el sistema penal juvenil.

También el programa trabaja con niñas y jóvenes que han regresado a El Salvador tras una migración.

• Salud Personal: proporciona educación en salud sexual y reproductiva, incluyendo talleres sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH. Adicionalmente, se ofrecen talleres de nutrición y educación en salud materno-infantil para aquellas jóvenes que ya son madres o cuidadoras.
• Empoderamiento y Redes Sociales: se enfoca en el desarrollo de la autoestima y las habilidades de comunicación interpersonal. Un objetivo clave es el fomento de redes de apoyo entre pares, creando un entorno en el que las participantes se sientan seguras para compartir sus experiencias y desafíos.
• Capacitación Financiera y Vocacional: busca equipar a las jóvenes con herramientas prácticas para su futuro económico. Esto incluye el desarrollo de conocimientos empresariales, la alfabetización financiera y la adquisición de habilidades para generar ingresos, como el ahorro y la capacidad de crear un negocio propio.

Los resultados del programa demuestran un cambio cualitativo en la forma en que las jóvenes se perciben a sí mismas y su entorno. El hecho de que 9 de cada 10 niñas reconozcan patrones de violencia en una relación de pareja es un logro de particular importancia. Esta métrica no solo refleja un aumento en el conocimiento, sino un cambio profundo en la percepción y la capacidad de las jóvenes para identificar y resistir situaciones de riesgo.

El desarrollo de habilidades de emprendimiento y ahorro en 7 de cada 10 niñas demuestra un enfoque pragmático para el empoderamiento. Esta capacitación no solo les proporciona herramientas para generar ingresos, sino que también fomenta la independencia económica.

En relación a resultados en salud, en las niñas y adolescentes que participaron el impacto obtenido fue:

9 de cada 10 niñas han fortalecido sus conocimientos sobre las instituciones a las que puede acudir para recibir servicios de salud sexual y reproductiva.

9 de cada 10 niñas conocen sobre métodos anticonceptivos como mecanismo para poder evitar un embarazo temprano.

8 de cada 10 niñas reconocen que el momento adecuado en el que una mujer debe comenzar a tener hijos es cuando la mujer debe decidirlo y estar preparada tanto física y emocionalmente. Este es un cambio de actitud importante ya que se reconocen como personas que pueden decidir sobre su cuerpo y en función de ello proyectar mejores planes para su futuro evitando embarazos tempranos o en circunstancias desfavorables para ellas y su familia.

7 de cada 10 niñas fortalecieron su conocimiento en infecciones de transmisión sexual, reconociendo las formas de transmisión de una ITS, lo que favoreció a romper con los mitos respecto al contagio de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La sostenibilidad financiera de este tipo de iniciativas es siempre un desafío. Asegurar la continuidad de un programa de esta envergadura requiere una financiación constante, lo que subraya la importancia de mantener alianzas sólidas con fundaciones y socios corporativos. Al mismo tiempo es un desafío poder trabajar en forma coordinada con las estructuras estatales para escalar en el alcance del mismo.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(1) Plan Nacional Integral

(24) Paraguay

(1) Sector Público

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Ministerio de Educación y Ciencias

Ministerio de la Mujer

2015-2030

La campaña "Todos Somos Responsables" han movilizado a la sociedad en torno a la protección de la infancia, generando conciencia sobre la importancia de la prevención y la denuncia del abuso y la explotación. Esta campaña ha lanzado una Guía de Prevención que ofrece herramientas y estrategias a padres, educadores y otros referentes comunitarios para proteger a las niñas, niños y adolescentes. A ello se sumó el Programa de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (PAIVAS), que ha articulado acciones para garantizar el acceso a la justicia y la restitución de derechos.

El Ministerio de Educación y Ciencias también juega un papel crucial en la prevención del abuso sexual infantil. A través de una serie de programas educativos integrales y la Guía de Prevención del Abuso Sexual Infantil, que abordan temas de prevención, derechos y autocuidado, se empodera a las niñas, niños y adolescentes para reconocer situaciones de riesgo y buscar ayuda. Así, la escuela se convierte en un espacio seguro en el que los estudiantes pueden aprender a protegerse y a denunciar cualquier forma de violencia.

El Ministerio de la Mujer emprendió la campaña "Noviazgo sin Violencia", que permite promover rasgos y pautas culturales respetuosas y de igualdad entre mujeres y hombres para una vida libre de violencia en las relaciones de noviazgo.

• Los objetivos se centran en fortalecer la capacidad del Estado para garantizar los derechos de este grupo poblacional, así como en generar conciencia y participación de la sociedad.
• Objetivo General: fortalecer las capacidades del Estado para garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Eje de Protección: activar los mecanismos de protección para la restitución de derechos de la niñez y la adolescencia.
• Eje de Comunicación: posicionar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos a través de estrategias de información, educación y comunicación.

Más de 8.000 personas realizaron las capacitaciones en prevención y detección de violencia, maltrato y abuso sexual.

La campaña "Noviazgo sin Violencia" llegó a más de 5000 adolescentes en varias localidades del país.

La sensibilización de la sociedad, la capacitación de profesionales y la creación de espacios seguros son pilares fundamentales para que niñas, niños y adolescentes puedan crecer libres de violencia y explotación.

(1) Prevenir la violencia basada en género y el abuso sexual.

(2) Eliminar los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas.

(3) Asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo con información oportuna y de calidad.

(4) Promover herramientas para el desarrollo de proyectos de vida.

(5) Garantizar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad diferenciados para adolescentes.

(5) Estrategia impulsada por Agencias Internacionales (OMS, OPS, UNFPA)

(6) Bolivia

(9) Colombia

(13) Ecuador

(17) Guyana

(19) Honduras

(25) Perú

(4) Multilaterales - Agencias

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Asuntos Globales de Canadá

Gobiernos de los países y comunidades

2021 - 2025

El proyecto, conocido como IHWAG por sus siglas en inglés (Improved Health of Women and Adolescent Girls in Situations of Vulnerability) tiene como objetivo abordar los desafíos relacionados con la salud de las mujeres y las adolescentes en América Latina y el Caribe. Fue desarrollado en respuesta a las persistentes desigualdades que afectan la salud de las mujeres y adolescentes, en particular de los grupos históricamente excluidos, como las poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas de bajos ingresos o que viven en zonas rurales, quienes siguen enfrentando mayores cargas de enfermedad y mortalidad, así como múltiples barreras para acceder a los servicios de salud.

Al abordar las determinantes sociales de salud y promover la igualdad de género, el proyecto fomenta que las mujeres y las adolescentes tomen decisiones informadas sobre su bienestar y participen activamente en aspectos relacionados con su salud. El proyecto se enfoca principalmente en dos áreas de acción:

• Aumentar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, materna y adolescente con un enfoque sensible al género y a la diversidad cultural.
• Fortalecer el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres y las adolescentes en relación con su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.

El proyecto ha fortalecido las capacidades de los sistemas de salud y ha promovido la salud sexual y reproductiva en poblaciones vulnerables. Se estima que alrededor de 3 millones de mujeres y adolescentes se beneficiaron directa e indirectamente de las intervenciones en los seis países.

Más de 64.000 trabajadores de salud capacitados en atención materna y neonatal, prevención del embarazo en adolescentes y respuesta a la violencia basada en género.

Más de 130 protocolos, normativas y guías técnicas desarrolladas para mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, considerando los contextos culturales.

Sistemas de información y vigilancia fortalecidos, incluyendo la implementación del Sistema de Información Perinatal de la OPS (SIP Plus) que ayuda a una mejor toma de decisiones y seguimiento de los indicadores relacionados con la salud materna y adolescente.

Más de 9.000 mujeres y adolescentes participaron en procesos de formación y toma de decisiones comunitarias sobre derechos sexuales y reproductivos.

Si bien el proyecto busca generar impactos sostenibles al fortalecer las capacidades a nivel regional y nacional, es fundamental que las mejoras perduren más allá de la duración del financiamiento, lo cual sólo es posible con el compromiso de los Estados mediante acciones y financiamientos asegurados para la continuidad de los logros conseguidos.